El año pasado, y luego de una dura batalla legislativa que duró más de cuatro años, entró en vigor en Nueva York la llamada “Ley del Derecho a Saber”, una normativa que obliga a que los policías que entran en contacto con civiles, en pesquisas callejeras, se identifiquen plenamente, con nombre y apellido y, además de informar la razón por las que están parando a alguien, se conceda el derecho a negarse a la requisa.